Imagínese que sus bitcoins se convierten en propiedad del Estado porque no los ha movido en años. Parece ciencia ficción, pero en Estados Unidos una demanda acaba de plantearlo: 3,8 millones de BTC —cerca de 246.000 millones de dólares al precio actual de 64.626 USD— podrían ser reclamados bajo las mismas reglas que se aplican a objetos perdidos en la vía pública. El caso ha provocado una carrera contrarreloj en el Congreso para que la ley CLARITY cierre esa puerta antes de que sea demasiado tarde.

La demanda, presentada ante un tribunal federal, invoca la figura jurídica del adverse possession (usucapión) y las normas de objetos perdidos de la policía para reclamar la propiedad de carteras que no han registrado movimientos durante años. Los demandantes argumentan que, al no mostrar señales de vida, esos bitcoins deben considerarse abandonados y, por tanto, susceptibles de ser transferidos a quien los encuentre o al estado. El caso tiene un potencial explosivo: si un juez acepta la lógica, millones de direcciones inactivas —no solo las de esta demanda— podrían ser objeto de litigios similares.

¿Qué dice exactamente la demanda?

Según los documentos judiciales, los demandantes quieren que se declare la propiedad de aproximadamente 3,8 millones de BTC que nunca se han movido de sus direcciones originales. La base legal es sorprendente: las mismas normas que permiten a la policía adjudicar objetos perdidos si nadie los reclama en un plazo determinado. En el mundo físico, ese plazo suele ser de años, pero en el criptoespacio la cuestión se vuelve difusa. ¿Cuánto tiempo debe pasar para considerar que un bitcoin está perdido?

El problema es que los bitcoins no se oxidan ni se estropean. La red sigue reconociendo la propiedad de las claves privadas, aunque su dueño no las haya usado. Los defensores de la autocustodia alertan de que este tipo de litigios siembran una inseguridad jurídica enorme: si un tribunal declara que la inactividad equivale a abandono, cualquier persona con acceso a una vieja cartera —incluso sin ser el propietario original— podría reclamarla.

La respuesta del Congreso: la ley CLARITY

El caso ha pillado a Washington con los deberes a medio hacer. La ley CLARITY (Clarity for Digital Assets Act), que lleva meses negociándose, incluye en su última versión la Sección 20216, un precepto diseñado justo para evitar este tipo de reclamaciones. El texto es tajante: un activo digital en autocustodia no puede ser considerado abandonado, no reclamado ni decomisado únicamente porque su propietario no lo haya movido ni haya mostrado interés continuado. Además, la norma anula cualquier ley estatal o local que permita la posesión adversa o el título del descubridor sobre activos digitales inactivos.

Los partidarios de CLARITY sostienen que la regla es necesaria para preservar la esencia de las criptomonedas: la autocustodia. Si un propietario pierde sus claves, es un problema suyo, pero si las conserva, su derecho de propiedad no debería caducar por el mero paso del tiempo. La versión actual del proyecto, que se debate en el Congreso, ha atraído apoyos bipartidistas, aunque también hay voces críticas que consideran la medida un parche que no resuelve otros problemas de propiedad.

Implicaciones para el mercado del bitcoin

La noticia llega en un momento delicado. Bitcoin cotiza en 64.626 dólares, todavía lejos de los máximos históricos, pero con una volatilidad contenida. Un fallo adverso en este caso podría desencadenar una ola de incertidumbre legal que afecte al precio. Los inversores que guardan bitcoins en frío desde hace años se preguntan si su inactividad podría ser usada en su contra.

Por otro lado, si CLARITY se aprueba a tiempo, el efecto sería tranquilizador. La ley no solo protegería a los tenedores actuales, sino que sentaría un precedente claro: la inactividad no es abandono. Esto eliminaría el principal argumento de los demandantes y disuadiría futuras reclamaciones similares.

Los expertos jurídicos recuerdan que, incluso sin CLARITY, la demanda enfrenta obstáculos enormes. Probar que el propietario original ha abandonado la propiedad es difícil cuando el blockchain muestra transacciones inmutables. Además, los demandantes deberían demostrar que han tomado posesión física de las claves, algo que no es trivial.

¿Qué conviene vigilar?

Las próximas semanas serán clave. El Congreso retoma el debate de CLARITY en un contexto de urgencia, y se espera una votación en comisión antes de un mes. La Casa Blanca, con el presidente Donald Trump, todavía no ha manifestado su postura oficial, aunque fuentes cercanas indican que la administración ve con buenos ojos la protección de la autocustodia.

Paralelamente, el juez que lleva el caso de los 3,8 millones de BTC tendrá que decidir si admite a trámite la demanda. Si lo hace, el proceso podría alargarse meses o años, pero la simple admisión ya provocaría incertidumbre. Por ahora, el mercado reacciona con cautela: el volumen de transacciones en carteras inactivas no ha aumentado significativamente, lo que sugiere que los grandes tenedores no han entrado en pánico.

Este litigio, aunque peculiar, toca una fibra sensible del ecosistema cripto: la naturaleza de la propiedad digital. Si los tribunales o el Congreso establecen que el tiempo sin mover fondos no equivale a abandono, se reforzará el principio de soberanía individual. Si no, el concepto mismo de autocustodia podría tambalearse. Por ahora, todas las miradas están puestas en Washington y en un puñado de bitcoins que llevan más de una década dormidos.