El controlador de la moneda de Estados Unidos, Jonathan Gould, y el representante neoyorquino Gregory Meeks mantuvieron un tenso intercambio durante una audiencia de supervisión el jueves. El motivo del enfrentamiento: las presiones políticas que rodean la carta de confianza (trust charter) solicitada por World Liberty Financial, un proyecto de criptomonedas vinculado al expresidente Donald Trump.
El centro de la discordia
Gould, designado por Trump como contralor de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), afirmó que solo los demócratas están presionando para que se deniegue o conceda la carta. “La presión política que estamos recibiendo proviene exclusivamente de miembros del Partido Demócrata”, declaró Gould ante el comité. Meeks, demócrata de Nueva York, respondió cuestionando la imparcialidad del regulador y sugiriendo que la influencia de Trump podría estar detrás de la decisión final.
World Liberty Financial busca operar como un trust con fines especiales para criptoactivos, una figura regulada que permite custodiar y gestionar activos digitales sin ser considerado un banco tradicional. El proyecto ha generado controversia por sus vínculos con el entorno trumpista, lo que ha avivado el debate sobre la independencia de los organismos reguladores.
Contexto para el lector español
Este pulso político no es un caso aislado. La regulación de las criptomonedas en Estados Unidos está profundamente polarizada, y cualquier movimiento de la OCC puede marcar tendencia en otros mercados, incluido el español. Bitcoin cotiza hoy sobre los 62.921 dólares, manteniendo la criptomoneda en zona de consolidación, mientras este tipo de noticias añaden incertidumbre regulatoria.
Para los inversores y aficionados españoles, el desenlace de esta disputa podría influir en cómo otras jurisdicciones abordan las solicitudes de licencias para empresas cripto. La OCC ha sido tradicionalmente un referente en la definición de normas para activos digitales, y una decisión favorable a World Liberty Financial podría acelerar la adopción institucional, pero también intensificar las críticas sobre posibles conflictos de interés.
De momento, el caso sigue abierto y se espera que la OCC tome una decisión en los próximos meses. La tensión entre el Congreso y los reguladores promete continuar, y con ella, la atención sobre un mercado que no deja de generar titulares.